Gasoducto incumple reglamentación local y federal de preservación histórica con el consentimiento de la Oficina Estatal de Conservación Histórica y Cuerpo de Ingenieros de EEUU
San Juan, P.R. - “La Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) de Puerto Rico ya culminó su evaluación del estudio arqueológico ‘Fase I’ sometido por la AEE para el Gasoducto y de manera totalmente inusual el director ejecutivo de esa oficina, el arquitecto Carlos A. Rubio Cancela, no nos quiere entregar el documento de comentarios oficiales que debió generar su agencia sobre los trabajos arqueológicos”, según lo advirtió el doctor Jaime Pagán Jiménez. El arqueólogo, junto a otros expertos en el tema, ha realizado múltiples gestiones ante el director ejecutivo de la OECH y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU requiriendo acceso total al estudio arqueológico radicado hace más de mes y medio y a la carta de comentarios que tuvo que rendir la OECH como parte de sus responsabilidades con la legislación federal de preservación histórica. “Hemos cursado más de cinco solicitudes para que la OECH nos proporcione la documentación en cuestión, que en otros casos es pública y fácilmente accesible. Aún así, no han tenido la delicadeza de respondernos, cuando es su deber ministerial atender nuestra petición de manera expedita por lo delicado del asunto. Estamos solicitando documentos que son de carácter público, puesto que queremos participar del proceso de evaluación como arqueólogos expertos en el proceso y como ciudadanos, tal y como lo contemplan las leyes locales y la propia ley federal que la OECH evalúa. No nos pueden negar el acceso a esos documentos bajo ningún concepto y, de hecho, al hacerse de la vista larga como hasta ahora, la OECH y el Cuerpo de Ingenieros están incumpliendo abiertamente con las leyes federales de preservación histórica y también la de libertad de información”, sostuvo el arqueólogo Federico Freytes, quien ha denunciado en los pasados meses serias deficiencias de los estudios arqueológicos efectuados para el conocido proyecto de infraestructura. “No entregarnos los documentos, sabiendo que tenemos perfecto derecho a accederlos como ciudadanos o investigadores, es avalar abiertamente el incumplimiento del Gasoducto con todos los estándares y leyes federales de preservación histórica que aplican y que ya se han violentado. Igual de grave es violar el derecho a la libre información que está garantizado en el marco legal federal de la Freedom of Information Act de 1966”, afirmaron Freytes y Pagán.
La OECH es una agencia gubernamental puertorriqueña que atiende exclusivamente la vertiente legal federal relacionada a los asuntos de preservación histórica. Esta oficina evalúa proyectos que son financiados con fondos federales, o en los que intervienen agencias de esa esfera de gobierno. La OECH ha intervenido en el proyecto del Gasoducto debido al involucramiento del Cuerpo de Ingenieros y otras agencias federales en el proceso de otorgación de permisos. “Hace seis meses solicité que se me incluyera como ‘parte interesada’ en el proceso de análisis de todo lo concerniente a la arqueología, porque así lo promueve claramente la ley federal. El Cuerpo de Ingenieros aquí en Puerto Rico nunca respondió a mi solicitud y en una nueva petición que hice hace una semana sólo me dijeron que referían mi exigencia a alguien más en esa agencia. Estamos seguros de que la OECH y el Cuerpo de Ingenieros pretenden que se agote el poco tiempo que resta para otorgar el endoso final al Gasoducto, sin que nosotros podamos hacer nada para que se cumpla con las leyes arqueológicas locales y federales”, informó el doctor Reniel Rodríguez, quien es Catedrático auxiliar y arqueólogo de la Universidad de Puerto Rico en Utuado.
“Nueve meses atrás fue revelada una parte del estudio arqueológico en la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) del Gasoducto, y en prácticamente cada página se evidencian, sin lugar a dudas, marcadas deficiencias metodológicas en el estudio sometido por la AEE a la OECH. Así coincidieron los arqueólogos Freytes, Pagán y Rodríguez, quienes evaluaron detalladamente la única sección públicamente revelada del estudio arqueológico a pocos días de salir a la luz pública. En el referido estudio se omitió información arqueológica relevante, como la ubicación de sitios arqueológicos importantes a lo largo de toda el área del Gasoducto y nunca se implementaron métodos elementales de investigación acordes con la realidad geográfica de tan vasta área de impacto. Se descartó de la evaluación arqueológica más del 70% del total de terreno que sería impactado por la tubería al considerarse que discurre por áreas de “difícil acceso”. “Nunca hubo metodología arqueológica sistemática y adecuada en la primera fase del estudio; peor aún, nunca se aplicaron métodos básicos requeridos por la legislación puertorriqueña y federal. Por lo tanto, si la primera fase del estudio no tiene ningún valor científico o técnico, ¿cómo es posible que se pueda configurar una segunda fase de investigación tomando como punto de partida un estudio totalmente inadecuado, viciado e inservible?”, cuestionó Pagán, quien también señaló que desde el inicio del trámite de la permisología del Gasoducto comenzaron a notarse serios problemas procesales porque nunca fue radicada la propuesta del Gasoducto ante el Instituto de Cultura Puertorriqueña. “Este proyecto, irónicamente llamado Vía Verde” - prosiguió el arqueólogo Pagán- “comenzó muy mal porque se pretendió hacer un estudio arqueológico bajo los parámetros legales puertorriqueños y en el contexto de una DIA, aunque la parte arqueológica nunca fue radicada oficialmente en el Instituto de Cultura para que se cumpliera con la legislación arqueológica de Puerto Rico. Esto es absurdo y muestra que pudo aparentarse cumplir con nuestras leyes ante la opinión pública, pero sin hacerlo en la práctica”. Según Pagán, Freytes y Rodríguez, tal parece que la inclusión de un estudio arqueológico como parte de la DIA tuvo la intención de aparentar que se estaba cumpliendo con todas las leyes puertorriqueñas (como Ley 112 de 1988, o Ley para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico); no obstante, la realidad es que nunca se han radicado los documentos de manera oficial en el Instituto de Cultura. La evidente omisión, que se concretó al excluirse a esta agencia de todo el proceso de permisos, fue confirmada recientemente y de manera oficial por Laura del Olmo Frese en un comunicado electrónico abierto y enviado a varios expertos e interesados en la problemática. La arqueóloga del Olmo funge como directora del Programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto de Cultura, y también del Consejo de Arqueología Terrestre. “El Consejo de Arqueología Terrestre conoce los pormenores de una parte del nefasto estudio arqueológico, aunque hasta ahora no han hecho absolutamente nada para requerirle a la AEE que se cumpla con las leyes que protegen nuestro patrimonio arqueológico”, reveló Pagán.
Cuando comenzaron las críticas a los estudios arqueológicos del Gasoducto, los proponentes y los investigadores que efectuaron los mismos han dicho en distintos medios de comunicación que desde el inicio se llevaron a cabo todos los procedimientos en coordinación con el Instituto de Cultura y la OECH. La porción del estudio hasta ahora revelado muestra todo lo contrario. Nunca hubo tales consultas previas, ni durante la ejecución de los estudios. “Han mentido descaradamente en los medios de comunicación regional para confundir a los ciudadanos de las áreas que serán impactadas. Para resumir: se hizo un estudio que utiliza la jerga de la reglamentación arqueológica puertorriqueña, pero el estudio nunca fue consultado ni radicado en el Instituto de Cultura. Del mismo modo, se sometió ante la OECH un estudio arqueológico que incluye la parte ya conocida públicamente y que no cumple con ninguno de los estándares mínimos para que pueda ser considerado positivamente en la esfera federal, que es lo que evalúa la OECH. Si la segunda parte del informe mantuvo el mismo carácter vacío y no científico de la parte ya conocida, así como el desapego total a los estándares mínimos federales [y de Puerto Rico], nuestro sentido común nos dice que el estudio completo tuvo que ser calificado como inaceptable por la OECH”, concordaron los doctores Pagán y Rodríguez para dejar establecido que “este golpe de realidad, o sea, el incumplimiento de los estudios arqueológicos del Gasoducto con las leyes de Puerto Rico y de EEUU, es lo que debe estar detrás de las nuevas violaciones de ley -ahora institucionales-, cuando la OECH y el Cuerpo de Ingenieros nos impiden el acceso a los documentos públicos solicitados y a nuestra participación en el proceso de evaluación de los estudios arqueológicos en carácter de expertos o ciudadanos.”
Para sorpresa de todos los arqueólogos pendientes al caso del Gasoducto, se pudo confirmar a última hora que el director ejecutivo de la OECH, el arquitecto Carlos A. Rubio Cancela, fue empleado gerencial de la AEE por los últimos 12 años hasta el momento de su nombramiento en la OECH que ocurrió en 2009. “Al parecer está en destaque en la OECH, por lo que existe la posibilidad de que siga siendo empleado de la AEE. Esto es realmente grave en el contexto de un proceso de evaluación tan delicado como el del Gasoducto. Ahora podemos entender por qué no nos ha querido brindar los documentos públicos que le hemos solicitado. Por lo tanto dudamos de cualquier procedimiento oficial que pueda estar efectuándose internamente en la OECH sobre los estudios arqueológicos del Gasoducto. Las acciones del arquitecto Rubio demuestran que él y su oficina, adscrita a la Fortaleza, está brindándole auxilio a un proyecto que desde el punto de vista arqueológico no cumple con las leyes locales y federales. Se están arriesgando mucho estas agencias al coquetear de manera tan atrevida con la legislación federal”, expresaron los arqueólogos.
Personas Contacto: Dr. Jaime R. Pagán Jiménez (Coalición, 787-207-5898); Arql. Federico Freytes (Fundación, 787-360-8239); Dr. Reniel Rodríguez Ramos (787-207-7318)
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